· Un tercio de los empresarios españoles del aborto están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 11 de Madrid por presuntos delitos fiscales, presuntos delitos contra la protección de datos y delitos por arrojar a los contenedores material biosanitario y restos humanos sin el debido tratamiento.
· Los empresarios del aborto que dirigen un tercio de todas las empresas del aborto en España empezarán a declarar en los juzgados a partir del próximo 29 de abril.
· Cuatro de los siete centros abortistas madrileños tendrán que responder ante los juzgados por esta denuncia.
www.abogadoscristianos.es 16 de Marzo de 2015
Los empresarios dueños de la mayoría de los centros de abortos de Madrid, que poseen un tercio del total de los acreditados en el resto de España para la realización de abortos, empezarán a declarar ante los Juzgados de Instrucción de Madrid a partir del próximo día 29 de abril.
Los responsables del "El Bosque" serán los primeros en acudir a la cita con la justicia, acusados de delito fiscal por una cuantía de hasta cinco millones de euros, y con peticiones de prisión que podrían ascender a 9 años. Los empresarios de Dator o Callao tendrán que responder de las mismas acusaciones, si bien estos últimos aparte de delito fiscal, también se encuentran encausados por delito continuado de estafa a la Seguridad Social, a quien presuntamente facturaban servicios por importe muy superior al prestado, y que podría ascender a más de dos millones de euros.
Al tiempo que se están llevando a cabo la instrucción de dicho proceso penal, estos mismos centros tienen causas abiertas por graves infracciones administrativas; En primer lugar ante la Agencia Española de Protección de Datos, por presuntamente deshacerse indebidamente de información sensible de las mujeres a las que han atendido, al igual que ante la Consejería de Sanidad por presuntamente poner en peligro la salud pública, arrojando a la basura ordinaria todo tipo de residuos biosanitarios peligrosos, lo que les podría llevar en breve a la orden de cierre de actividad.
La "Asociación La Vida Importa" (que también aportó pruebas en los casos Morín e Isadora), presentó una denuncia ante la Guardia Civil y la Fiscalía con pruebas que han llevado a los juzgados a iniciar la esta instrucción.
La Asociación Española de Abogados Cristianos se ha personado en la causa como acusación particular, al tiempo que han incoado procesos administrativos ante la agencia de protección de datos y el Ministerio de Sanidad.
Los centros denunciados son Dator-Partner Line (Madrid), la Clínica Ginecológica Callao (Madrid), la Clínica El Bosque (Madrid), Centro Médico Pacífico SL (Madrid), la Clínica AMEC de Zaragoza, Clínica Ansoain (Pamplona) y Centro Médico Aragón (Gerona).
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