jueves, 28 de julio de 2011

Informe Ley de Muerte Digna

La Ley de Muerte digna abriría la puerta a la Eutanasia de menores y disminuidos

  • Denuncian la existencia de una “hoja de ruta” para la legalización de facto del derecho a la Eutanasia.
  • Evidencian que la voluntad del Gobierno es proteger a quienes practican eutanasias encubiertas.
  • Se elimina la objeción de conciencia y se multará a los médicos objetores con 600.000€. Se cerrarán hospitales y clínicas privadas que se nieguen a realizar estas prácticas.
  • Se anteponen el criterio de los pacientes incapacitados a las consideraciones e indicaciones de los profesionales sanitarios.


28 DE JULIO DE 2011. La Asociación Estatal de Abogados Cristianos (AEAC), entidad consultora ante laComisión Europea y el Parlamento Europeo, ha remitido a estos organismos y a instituciones españolas (Consejo de Estado) un estudio que analiza pormenorizadamente  las consecuencias prácticas del anteproyecto de Ley de Cuidados Paliativos y Ley de Muerte Digna.

El informe, advierte sobre la pretensión de dar protección y seguridad jurídica a quienes practiquen eutanasias encubiertas o sedaciones irregulares, mientras que por contra se persigue duramente a los profesionales médicos que, bajo a su derecho a la objeción de conciencia, se nieguen a efectuar estas prácticas, con sanciones de hasta 600.000€.

La normativa prevé también el cierre temporal de hasta 5 años de clínicas y hospitales privados que rechacen adoptar estas prácticas.
Tras el análisis del anteproyecto se revela que, amparándose en la autonomía del paciente, se antepone la voluntad de incapacitados o menores, a los criterios médicos basados en indicaciones científicas. A tal efecto, el articulado declara el derecho a la sedación aun cuando no pueda ser prescrita por contraindicaciones del tratamiento.

Sin embargo, el anteproyecto introduce el concepto subjetivo de “calidad de la vida” como medida para el abandono de las prácticas terapéuticas. De esta forma se  deja,  a absoluta libertad del médico, decidir sobre laprolongación o finalización de la vida en base a criterios subjetivos, que podrían estar fuera de consideraciones puramente médicas (coste de los tratamientos, camas libres, etc.)

“En definitiva”, apunta Polonia Castellanos portavoz de la AEAC, “las conclusiones del estudio alertan sobre los cambios trascendentales que introduce el nuevo ordenamiento que, a nuestra opinión, desvela la pretensión del Gobierno para introducir una “hoja de ruta” que acabe con la declaración de la Eutanasia como un derecho de facto.”

(Enlace al ESTUDIO)

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