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La
Asociación Española de Abogados Cristianos interpuso en mayo una querella
contra la Confederación General del Trabajo (CGT) por la realización de "procesiones"
anticristianas en Sevilla y Málaga, por presuntos delitos tipificados en los
art. 510 y 525 del Código Penal.
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El sindicato CGT sacó en
"procesión" una vagina gigante de plástico mientras hacían escarnio y
vejaban públicamente oraciones cristianas como el Padre Nuestro, el Ave María o
el Credo y coreaban amenazas para "Quemar la Conferencia Episcopal".
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Más de 4.500 ciudadanos solicitaron a la
CGT que expedientase a los sindicalistas que habían organizado tal acto y fueron
respondidos con un tuit desde la cuenta oficial del sindicato que aseguraba que no expulsarían a nadie "por cagarse
en Dios".
La querella
presentada por la Asociación Española de Abogados Cristianos contra el
sindicato CGT ha sido admitida a trámite por un juzgado de instrucción de Málaga por presuntos delitos de
amenazas, de escarnio y vejaciones contra los cristianos.
Entre los meses de abril y mayo este
sindicato sacó a "procesión" una
vagina gigante de plástico en lo que llamaron la "Procesión del santísimo
coño insumiso" en la que adornaron dicho artilugio con aureola y toca
mientras algunos sindicalistas portaban cruces de madera a modo de nazarenos.
La
querella solicita que se sancione a la Confederación General del Trabajo con penas de multa de 8 a 12 meses por
sendos actos presuntamente delictivos y por el agravante de reincidencia.
La
Asociación Española de Abogados Cristianos señala que existe un claro ánimo de hacer escarnio que queda probado por su
reincidencia tras la solicitud de más de 4.500 ciudadanos que manifestaron
al sindicato haberse sentido ofendidos por la "procesión" realizada
en Abril.
La asociación de abogados considera intolerable que se
coree la amenaza "¡Hay que quemar
la Conferencia Episcopal!", que es una provocación hacia el odio y la violencia por motivos religiosos,
delito claramente recogido en el art. 525.1 de Código Penal.
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en contra de lo que estas organizaciones sindicales le manifestamos, ha optado por una fórmula poco sensata cuando ha decido que sea el Director y, en su caso, el Claustro de cada Centro el que tome la decisión sobre la carga lectiva que debe tener el área de Religión en cada uno de los cursos de Primaria.
ResponderEliminarA esta situación hay que sumar que el protocolo para la comunicación del horario de dicha materia, que en negociaciones con la Consejería conseguimos simplificar, ha llegado con mucho retraso a los centros, con el agravante de que la versión en la plataforma Séneca de dicho protocolo, que es la que han tenido que cumplimentar los equipos directivos, también se ha activado tarde, y era diferente a lo recogido en las Instrucciones publicadas al efecto. Esto ha hecho necesario el envío de unas aclaraciones, e incluso ha habido que ampliar dos días el plazo inicial. Las competencias de las direcciones de los centros y el claustro no han quedado muy claras y se han generado distintos problemas por falta de información y “técnicos” a la hora de introducir los distintos horarios. Toda esta situación ha creado mucho nerviosismo y ansiedad en el profesorado de Religión por las grandes repercusiones que la comunicación correcta del horario de la asignatura tiene sobre su salario y condiciones laborales, ya que este profesorado percibe sus retribuciones atendiendo a la jornada lectiva que tiene y por tanto una reducción de la carga lectiva de su asignatura incide directamente en el sueldo.
Esta es una de las graves consecuencias de la decisión que adoptó la Consejería y a la cual CSI-F, USO y ANPE le manifestamos nuestra oposición, al trasladar la decisión de la carga lectiva del área de Religión a la dirección de los centros educativos, pues con ello ha puesto también en manos de ésta y, en su caso, del Claustro de profesores como consecuencia directa, determinar las condiciones laborales del profesorado de Religión.
La propia Asociación de Directores en un comunicado concluía: “ASADIPRE comunica su más profundo desacuerdo con la forma en la que este asunto ha sido desarrollado, proponiendo a la administración educativa andaluza que se modifiquen las instrucciones que obligan a los directivos andaluces a tomar la decisión y que sea ella misma la que lo determine en función de sus competencias atribuidas por la LOMCE”.
El hecho constatado es el malestar que se ha creado en algunos centros, generando conflictos entre el profesorado y los equipos directivos y entre los mismos docentes. CSI•F, ANPE y USO se solidarizan con el profesorado que se está viendo afectado por esta falta de consideración hacia su persona y su labor educativa debido a la situación creada, y también con aquellos que, por la actuación impositiva de la Consejería, han tenido que tomar una decisión que en absoluto debía corresponderles.
La mezcla de sentimientos personales de unos y de otros, los planteamientos pedagógicos distintos, el diferente procedimiento seguido, las hipotéticas presiones recibidas en uno u otro sentido, las repercusiones laborales… han creado un caldo de cultivo que podría generar un mal clima en el futuro próximo de algunos Centros que, además de repercutir muy negativamente en la convivencia entre el claustro de profesores, podría incluso extenderse a otros integrantes de la comunidad educativa, llegando hasta el alumnado o sus padres.
Es lamentable que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que debe ser la garante de la aplicación de las normas no haya estado a la altura de las circunstancias, en un tema tan grave que afecta al sueldo y condiciones laborales de miles de profesores/as andaluces y que incide a su vez, de forma tan importante en las relaciones de los miembros de la comunidad educativa y por tanto, de la convivencia en los centros de la A ver qué nos dicen ustedes y si denunciamos hay posibilidad de ganar. Muchas gracias